Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica tiene como función principal asesorar jurídicamente al alcalde y al Concejo Municipal en la interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias. Además, vela por la legalidad de los actos municipales, asegurando que las decisiones y acciones del municipio se ajusten a derecho.

Datos de Contacto

La dirección jurídica, cuenta con una encargada de la revisión de procedimientos disciplinarios, investigación de denuncias internas y control del cumplimiento normativo para asegurar la
transparencia en la gestión municipal.

Dedicado a la administración, resguardo y regularización de los terrenos fiscales de la comuna, garantizando su uso adecuado y legal.

Asesoría Jurídica Interna.
Revisión de Contratos y Convenios
Representación

Fiscalía Administrativa

La Oficina de Fiscalía Administrativa es una dependencia especializada que actúa como órgano fiscalizador interno de la municipalidad. Su misión principal es velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y éticas en todas las áreas de la gestión pública. Esta oficina se encarga de prevenir, detectar y sancionar irregularidades o infracciones administrativas que puedan afectar el buen funcionamiento de la municipalidad.

a) Fiscalización interna

  • Supervisión de procesos : Revisa y evalúa los procedimientos administrativos, financieros y operativos de la municipalidad para asegurar que se cumplan con las normativas vigentes.
  • Control de contrataciones : Supervisa el cumplimiento de las normas de contratación pública (Ley de Contrataciones Públicas), verificando que los procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratos se realicen de manera transparente y legal.
  • Auditorías internas : Realiza auditorías para identificar posibles irregularidades en la gestión de recursos, contrataciones, servicios públicos y otros aspectos relevantes.
 

b) Investigación de irregularidades

  • Detectar y investigar infracciones : Identifica y analiza denuncias o sospechas de malversación de fondos, corrupción, nepotismo u otras conductas ilegales o impropias.
  • Procesos disciplinarios : Inicia investigaciones formales cuando se detectan irregularidades graves, con el fin de determinar responsabilidades y aplicar sanciones administrativas correspondientes.
  • Coordinación con entidades externas : Trabaja en conjunto con organismos de control estatales (como Contraloría General de la República, Ministerio Público, etc.) para investigar casos complejos o que requieran intervención judicial.
 

c) Asesoría jurídica

  • Asesoramiento en materia fiscalizadora : Proporciona orientación técnica y legal a otras áreas de la municipalidad sobre temas relacionados con la fiscalización interna.
  • Apoyo en procedimientos administrativos : Ayuda en la elaboración de informes, dictámenes y recomendaciones para mejorar la gestión municipal.
 

d) Prevención de irregularidades

  • Capacitación : Realiza programas de capacitación para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento normativo y la ética en el servicio público.
  • Políticas preventivas : Diseña e implementa políticas y protocolos para prevenir prácticas corruptas o irregulares en la gestión municipal.
 

e) Participación en procesos de rendición de cuentas

  • Rendición de cuentas : Contribuye al proceso de rendición de cuentas de la municipalidad ante la comunidad y las autoridades competentes.
  • Transparencia : Garantiza que la información sobre las actividades fiscales y administrativas sea accesible y comprensible para los ciudadanos.
 

f) Apoyo en litigios y reclamaciones

  • Defensa de intereses municipales : Actúa como representante legal de la municipalidad en casos donde se deban enfrentar reclamos o demandas administrativas.
  • Resolución de conflictos : Participa en la mediación o resolución de disputas relacionadas con la gestión municipal, tanto internas como externas.
 

Programa Comunitario de Regularización Pequeña Propiedad Raíz

El Programa Comunitario de Regularización Pequeña Propiedad Raíz es un programa diseñado para facilitar la regularización de terrenos y viviendas en comunidades, especialmente en áreas donde existen problemas relacionados con la titularidad de la propiedad o la falta de documentación legal. Este tipo de programas suele ser implementado por gobiernos locales (como municipalidades) o regionales, en colaboración con organismos estatales como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) o la Contraloría General de la República , dependiendo del país y la región.

 

Definición general

El Programa Comunitario de Regularización Pequeña Propiedad Raíz tiene como objetivo resolver situaciones de irregularidad en la propiedad de terrenos y viviendas, especialmente en comunidades que enfrentan dificultades para obtener títulos de propiedad debido a factores como:

 
  • Asentamientos informales : Personas que ocupan terrenos sin documentos legales.
  • Herencias no formalizadas : Terrenos transmitidos de generación en generación sin trámites de formalización.
  • Errores administrativos : Problemas en la documentación original de los terrenos.
  • Falta de recursos : Limitaciones económicas para realizar los trámites legales necesarios.
 

Este programa busca brindar soluciones accesibles y comunitarias para que las personas puedan regularizar su situación jurídica y obtener la propiedad legal de sus terrenos o viviendas.

 

Objetivos principales

Los principales objetivos del Programa Comunitario de Regularización Pequeña Propiedad Raíz son:

 

a) Garantizar la seguridad jurídica

  • Proporcionar a los habitantes la posibilidad de obtener títulos de propiedad legales, lo que les otorga seguridad sobre su patrimonio.
  • Evitar desalojos injustificados o conflictos legales futuros relacionados con la propiedad.
 

b) Promover la inclusión social

  • Facilitar el acceso a servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado) al asegurar que las propiedades estén regularizadas.
  • Permitir que las familias accedan a beneficios gubernamentales o créditos hipotecarios, ya que la propiedad legal es un requisito común para estos programas.
 

c) Ordenamiento territorial

  • Contribuir al ordenamiento urbano y rural de la comuna, evitando asentamientos irregulares y promoviendo una planificación adecuada del territorio.
  • Asegurar que las construcciones cumplan con normativas urbanísticas y ambientales.
 

d) Fomentar la inversión

  • Al regularizar las propiedades, se incentiva la inversión tanto pública como privada en infraestructura y servicios comunitarios.
 

Características del programa

Algunas características típicas de este tipo de programas incluyen:

 

a) Enfoque comunitario

  • El programa involucra directamente a las comunidades afectadas, quienes participan activamente en la identificación de problemáticas y en la búsqueda de soluciones.
  • Se realizan reuniones informativas, talleres y capacitaciones para orientar a los beneficiarios sobre los pasos a seguir.
 

b) Simplificación de trámites

  • Se simplifican los procedimientos legales y administrativos para hacerlos más accesibles a las personas con menos recursos.
  • Se eliminan o reducen costos asociados a la regularización, como tasas notariales o registros públicos.
 

c) Colaboración interinstitucional

  • La municipalidad trabaja en conjunto con otras entidades, como:
    • MINVU : Para apoyar en la regularización de viviendas y terrenos.
    • Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) : Para evaluar impactos ambientales en proyectos de construcción.
    • Dirección de Obras Municipales (DOM) : Para verificar cumplimiento de normativas urbanísticas.
    • Registro Civil : Para gestionar la emisión de títulos de propiedad.
 

d) Flexibilización de normativas

  • En algunos casos, se aplican medidas excepcionales para regularizar terrenos que no cumplen completamente con las normativas actuales, siempre y cuando no representen riesgos significativos para la comunidad.
 

Beneficiarios del programa

El Programa Comunitario de Regularización Pequeña Propiedad Raíz está dirigido principalmente a:

 
  • Personas que ocupan terrenos o viviendas sin título de propiedad.
  • Familias de bajos recursos económicos que no pueden costear los trámites legales tradicionales.
  • Comunidades rurales o periurbanas donde la informalidad en la propiedad es más frecuente.
  • Habitantes de asentamientos informales o barrios precarios.
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